Las 5 principales tendencias del fraude en las prestaciones por desempleo

Joshua Goldfarb

En nuestra anterior entrada del blog sobre el fraude en las prestaciones por desempleo, analizamos la tormenta perfecta para el fraude que generaron las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, la presión sobre los organismos públicos estatales para conceder prestaciones por desempleo y la falta de infraestructura antifraude en dichos organismos. Aunque la situación no es buena, afortunadamente existen vías claras para combatir este tipo de fraude.

A medida que seguimos aprendiendo sobre el fraude en las prestaciones por desempleo y combatiéndolo, estas son las cinco principales tendencias que observamos en F5 entre quienes cometen este tipo de fraude:

1. Ahora es más fácil para los defraudadores: La presión sobre los organismos de los gobiernos estatales para proporcionar recursos económicos a las familias necesitadas, junto con el aumento del volumen de solicitudes, ha facilitado que los defraudadores cometan fraudes relacionados con las prestaciones por desempleo sin ser descubiertos. Los defraudadores se han limitado a aprovechar el volumen de solicitudes para ocultar sus actividades fraudulentas. Además, se aprovecharon de los estados sin impuesto sobre la renta y centraron sus ataques en ellos, ya que estos no disponían de registros fiscales con los que verificar las identidades. De hecho, muchos estados solo tuvieron conocimiento del fraude cuando ciudadanos legítimos les notificaron que les habían robado la identidad y presentado solicitudes fraudulentas en su nombre. Como respuesta, los estados ralentizaron el pago de las prestaciones para verificar la información antes de abonarlas. Esto solo retrasó el pago de las prestaciones a las familias necesitadas, lo que generó aún más frustración entre muchos beneficiarios. Un enfoque más adecuado sería que los estados adoptaran tecnología capaz de detectar y prevenir el fraude en tiempo real, sin ralentizar ni suspender el pago de las prestaciones por desempleo a sus legítimos beneficiarios.
   
   
2. Las identidades robadas están a la orden del día: El método más sencillo y habitual para cometer fraude en las prestaciones por desempleo comienza con el robo de identidades por parte de los estafadores. Esto resulta bastante fácil, según un artículo de F5 Labs del 22 de mayo de 2020: «Las filtraciones masivas de datos ocurridas en 2015, 2017 y 2019 en proveedores de servicios sanitarios, agencias de información crediticia, empresas de tarjetas de crédito y comercios minoristas, entre otros, pusieron en riesgo el número de la Seguridad Social de prácticamente todos los estadounidenses». Una vez que los estafadores han recopilado una lista de identidades robadas, pueden empezar a intentar abrir nuevas cuentas y presentar solicitudes de prestaciones por desempleo ante los organismos estatales. Para reducir el riesgo de ser descubiertos, suelen utilizar datos de identificación personal (PII) robados de personas fallecidas, recién nacidas, encarceladas o que incluso siguen trabajando. También pueden crear «identidades sintéticas» falsas combinando datos PII para inventar una persona ficticia.
   
   
3. ¿Necesita una dirección? No hay problema: Los estafadores deben proporcionar una dirección física durante el proceso de solicitud de prestaciones por desempleo. Utilizar las direcciones reales de las personas cuyas identidades han sido robadas sería demasiado arriesgado. En su lugar, utilizan direcciones de propiedades desocupadas y, a menudo, presentan cientos de solicitudes con la misma dirección física. Por ejemplo, CBS Los Angeles descubrió que mansiones deshabitadas que estaban a la venta figuraban como dirección física en cientos o incluso miles de solicitudes fraudulentas de prestaciones por desempleo. Y, en algunos casos, los estafadores pueden incluso contratar a mensajeros ilegales para recoger tarjetas de débito prepago cargadas con prestaciones por desempleo.
   
   
4. A los estafadores les encanta copiar y pegar: Resulta que los estafadores pegan información aproximadamente 10 veces más que los usuarios legítimos. Además, la mayoría abre el navegador web ocupando solo una parte del espacio disponible en la pantalla. ¿Qué hay en el resto de la pantalla? El archivo de texto que colocan junto a la ventana del navegador para poder copiar y pegar fácilmente. Si eres como yo, no sueles copiar y pegar el nombre y los apellidos en formularios en línea. A menos, claro está, que estés intentando presentar decenas o cientos de solicitudes fraudulentas de prestaciones por desempleo a nombre de otras personas.
   
   
5. A los estafadores les encanta ocultarse: Una parte fundamental del modus operandi de los estafadores consiste en ocultarse a plena vista y evitar que los detecten. Para lograrlo, emplean diversas técnicas. Muchos utilizan VPN e infraestructura en la nube para intentar ocultar su identidad. También suelen cambiar con frecuencia sus direcciones IP y agentes de usuario. ¿Cómo lo sabemos? Cuando lo hacen, las zonas horarias de sus dispositivos a menudo no coinciden con la geolocalización de su dirección IP. Sin embargo, a los estafadores les gusta utilizar dispositivos conocidos. Nuestra investigación indica que los mismos dispositivos maliciosos acceden a un gran número de cuentas de prestaciones por desempleo. Por ejemplo, no es raro que el dispositivo de un único estafador se utilice como dispositivo principal en más de 20 cuentas fraudulentas. (A modo de comparación, los dispositivos legítimos conocidos suelen acceder a 1, 2 o, quizá, 3 cuentas).

La pandemia de COVID-19 y la consiguiente inestabilidad económica siguen planteando enormes desafíos. Por desgracia, los estafadores no han tardado en sacar partido de la pandemia y aprovecharse de las prestaciones por desempleo destinadas a personas y familias que las necesitan desesperadamente en estos tiempos convulsos. Si comprendemos cómo cometen los estafadores el fraude relacionado con las prestaciones por desempleo e implantamos soluciones tecnológicas para detectarlo y prevenirlo, podremos reducir las pérdidas por fraude de los gobiernos estatales y garantizar que estos destinen los fondos de forma precisa y eficaz a sus legítimos beneficiarios.

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